Opinión

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14-12-2022

Acción sin daño en la transición a la paz, y la política criminal y de seguridad

Como parte del compromiso por brindar espacios de reflexión colectiva sobre temas relacionados con la justicia y la política criminal, recientemente el LJPC organizó el panel Acción sin daño en la transición a la paz, y la política criminal y de seguridad. Este evento contó con la participación de cinco expertas que, desde distintas perspectivas disciplinares y experiencias profesionales, aportaron ideas sobre el concepto de daño, los desafíos metodológicos asociados a su investigación, su posibilidad o imposibilidad de ser un elemento estructural de cualquier política pública y, en general, sobre el lugar que ha tenido la reflexión sobre el daño en sus labores de investigación y de trabajo comunitario. A continuación, les contamos algunas de las reflexiones principales sobre las que giró la conversación, en la que también participaron personas expertas en temas de justicia, política criminal y paz.

Planteamiento del problema

El nuevo gobierno ha replanteado varios debates sobre la política contra las drogas, la seguridad territorial y el alcance de la persecución penal. También ha iniciado un proceso de negociación multigrupo con grupos armados ilegales y organizaciones criminales, bajo el objetivo de alcanzar una paz sostenida en el territorio. Detrás de todas estas iniciativas está latente la discusión sobre la necesidad de mitigar el daño producido por la acción estatal. Bajo la redefinición de los objetivos de la acción estatal para proteger efectivamente a la población civil, se requiere identificar, comprender y tratar de mitigar los riesgos de que la actuación del Estado –incluso la que está diseñada de forma apropiada y bien intencionada– cause daño. Estos riesgos pueden incluir la generación de incentivos o contextos de mayor violencia, la afectación a la legitimidad y la gobernanza estatal, o la afectación económica grave a poblaciones vulnerables.

En la discusión se mencionaron varias concepciones del daño, las cuales partieron, en su mayoría, de la idea de que este entraña afectaciones indeseables, y a la vez, imposibles de suprimir por completo en la vida social. El daño es un efecto producido por una causa o una acción, por ejemplo, cuando un Estado interviene en un mercado ilegal y las personas que dependen de este se quedan sin sustento; aunque también es ocasionado por el impacto de una omisión, cuando comunidades no tienen alternativas de desarrollo ante una marcada ausencia estatal. Frente a esto, varios fueron los ejemplos que algunas de las panelistas presentaron sobre la situación en distintas regiones de Colombia, como en el pacífico nariñense, donde se están configurando formas de daño que afectan las formas propias de organización de las comunidades y en la relación que estas mantienen con el territorio por acción de grupos violentos y la incapacidad/ausencia del Estado colombiano. También hubo alusión a otras regiones, como la Amazonía o la Serranía de La Macarena, donde parecen haber surgido formas de daño que impactan el tejido social de algunas comunidades. En el caso de la primera, por la falta de interlocución del Estado con los liderazgos de base; y en el caso de la segunda, por el estigma que produjo el enfoque de la guerra contra el territorio en los años más álgidos del conflicto armado en Colombia. 

Acción sin daño en la política pública

Sobre la acción sin daño (do no harm) existe una amplia literatura abocada a pensar en mecanismos de prevención y mitigación de posibles daños producidos por cuenta de intervenciones estatales o de cooperación, como también por la implementación de políticas públicas. Justamente sobre esto último, en el panel varias fueron las ideas que se mencionaron alrededor de la pregunta de cómo incluir la caracterización y mitigación del daño en cualquier política pública. Por un lado, la discusión versó sobre cómo investigarlo y caracterizarlo, por ejemplo, en el ámbito de la política criminal o de la justicia transicional, donde el daño tendría que ser uno de los elementos que se tienen que investigar con hipótesis, análisis de fuentes y ejercicios de contrastación. Por otro lado, en el panel también se presentó otra posición que estima que no es posible considerar al daño como una línea transversal de cualquier política pública, pues es imposible comprender, y mucho menos medir y abstraer, el dolor de un tercero -no se puede suponer un “nosotros” cuando se habla de la imagen del dolor de los demás, referencia por parte de una panelista a Susan Sontag-. Finalmente, en la conversación caló la idea de que cualquier política pública debería partir del presupuesto de que causará daños y, en esa medida, lo ideal sería comprender bien el impacto de cada una de las formas de daño posibles, para establecer cómo mitigarlas. 

El daño producido por acción estatal

Teniendo en consideración las experiencias que algunas de las panelistas han acumulado en el trabajo con comunidades en diferentes regiones del país, en la discusión se mencionaron varios ejemplos de acciones o inacciones del Estado que han repercutido en daños a nivel comunitario y territorial. Así, desde una perspectiva crítica, se discutió alrededor de los daños producidos por las diferentes políticas antidrogas en la historia reciente del país, en donde el enfoque del prohibicionismo afectó particularmente a poblaciones campesinas y sus formas de asociación, como también a otros sectores de la ciudadanía como los consumidores y sus familias -al respecto se mencionaron parcialmente algunas de las recomendaciones que la Comisión de la Verdad hizo frente al tema de drogas-. Con esa misma lectura crítica, en la discusión surgió el tema de la política de la “paz total” del actual gobierno nacional, sobre la que se creó una gran expectativa a nivel comunitario en el pacífico nariñense, pero que hoy, al menos desde la percepción de estas comunidades, parece no tener un rumbo claro. Aquí la incapacidad e inacción del Estado parece haber configurado una forma de daño que se materializa en la sensación de que nada ha cambiado en esta región, en materia de violencia y violación a los DDHH, con esta apuesta del actual gobierno. Un ejemplo más de acción con daño debatido en el panel está asociado a una política criminal que tiende a aumentar irreflexivamente las penas, lo cual no resuelve la criminalidad, pero sí aumenta el hacinamiento carcelario, reduce la legitimidad del Estado y afecta negativamente la resocialización de las personas privadas de la libertad. Es decir que se trata de una política criminal que, en lugar de prevenir el delito, lo reproduce y, en ese sentido, genera más daño. 

Consideraciones metodológicas para pensar el daño

Finalmente, en el panel también se mencionaron algunas ideas relacionadas con la investigación y las consideraciones metodológicas para pensar el daño. Algunas de las personas que participaron de la discusión socializaron experiencias de investigación sobre el daño, en donde destacaron principalmente dos consideraciones. La primera es que este solo puede ser “desencriptado” desde el lenguaje de quienes lo han padecido, y en esa medida resulta fundamental que las políticas públicas, la justicia transicional o el trabajo comunitario se piensen seriamente metodologías para que las organizaciones de la sociedad civil o de víctimas participen activamente para caracterizarlo y mitigarlo. La segunda consideración deviene de la importancia de la aproximación interdisciplinar para investigar el daño, en donde de un lado, los aportes del derecho, la economía,  las ciencias sociales, la psicología, entre otras, resultan clave para tener una comprensión holística de este fenómeno y un amplio abanico de estrategias para reducir su impacto en la implementación de acciones de política pública o de cooperación. De otro lado, se destacó que una herramienta jurídica útil para valorar el daño en las decisiones públicas es el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual una determinada política pública no debería adoptarse si, a pesar de buscar un fin legítimo y ser efectiva, impacta desproporcionadamente otro valor constitucional de igual o mayor valor que aquel que la política pública busca proteger o materializar. 

 

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