En el debate público se ha discutido qué son las disidencias, quiénes las conforman y cuáles son sus principales motivaciones, además del riesgo que representan para la implemetación del Acuerdo de Paz y para la seguridad en algunos territorios. En general, no existe consenso sobre estos interrogantes, pero para muchos la principal motivación es de carácter económico. Los autores de este libro parten de la premisa de que, si bien el surgimiento de las disidencias puede explicarse por factores económicos, hay otros de carácter político y organizacional que deben ser tenidos en cuenta. A partir de piezas periodísticas y trabajo de campo, los autores crean un perfil operacional y estructural de disidencias localizadas en dos macro-regiones (Oriente-sur y Occidente), e identifican factores internos y externos como la historia, el perfil de sus integrantes y el contexto en el que se dan las disidencias, para entender mejor su surgimiento.

Este informe estudia los impactos de las economías ilegales, en especial de la minería ilegal, en los territorios y en la población de 20 municipios, y propone la creación de una política pública integral que ataque la financiación de grupos armados desde la regulación de los procesos y el mercado minero. El informe reconoce que las FARC-EP ocupan una posición dominante en la economía ilegal, marcada por el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Entre estas, la minería ilegal constituye la forma de financiación más atractiva para los grupos armados debido a su alta demanda y rentabilidad. Con la firma del Acuerdo Especial para la Paz, el retiro de las FARC de sus zonas de influencia supuso la creación de vacíos de poder que incentivan la entrada de otros grupos armados o estructuras criminales, cuya finalidad principal es controlar la actividad minera. De esta manera pueden expandir su control territorial, perpetuando las dinámicas de violencia y victimización que existían antes de la firma del Acuerdo.

Este libro analiza el estado de cumplimiento del Acuerdo de Paz y la evolución de la violencia en Colombia después de su suscripción. El autor concluye que en el estado de cosas actual, en el que ha habido un incumplimiento significativo de aspectos estructurales del Acuerdo, sobre todo del lado del Estado, existe un riesgo alto de iniciar un nuevo ciclo de violencia en Colombia. En todo caso resalta que existen aún numerosas oportunidades de revertir esta tendencia, las cuales requieren la acción decidida del gobierno nacional para proteger el Acuerdo y contener este posible ciclo de violencia.