Nosotros

Sobre el
laboratorio

Somos una fundación para pensar en soluciones prácticas, interdisciplinarias, y basadas en evidencia, a los problemas de manejo del crimen y gestión de los conflictos sociales. Tenemos una agenda de cambio a largo plazo, pero nos enfocamos en respuestas específicas para el presente.

Agenda de cambio

Superación de bloqueos para una política criminal efectiva y humana, con enfoque de género y sin discriminación.

Soluciones para mejorar la persecución penal de crímenes graves y que afectan a grupos de especial protección, para ampliar el repertorio de herramientas para manejar el crimen y para disminuir el punitivismo innecesario, ineficiente e ineficaz.

Apertura, flexibilización y modernización de la justicia formal.

Alternativas para hacer más estratégica y técnica la gestión de los casos del sistema judicial, aprovechar las tecnologías de manejo y análisis de la información, dignificar el servicio de la Rama Judicial a los ciudadanos, y mejorar las herramientas de solución informal de conflictos.

Persecución penal estratégica y con lógica territorial del crimen organizado.

Opciones de política pública para una gestión más inteligente del crimen organizado, para disminuir la violencia, para aumentar la legitimidad del Estado en el territorio, para perseguir sistemáticamente las finanzas criminales y para identificar las redes ilegales invisibles.

Eventos

Video-conferencia

23 de marzo de 2021

Taller sobre política criminal y crimen organizado.

El equipo del laboratorio invitó a varios expertos para presentar unos primeros documentos sobre los problemas de la política criminal contra el crimen organizado en Colombia. Asisitieron expertos del Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y la sociedad civil, que realizaron una retroalimentación constructiva sobre nuestras ideas y cómo ponerlas en práctica.

Evento futuro

Taller con expertos institucionales en lucha contra el crimen organizado.

LJPC convocará a un taller con distintos servidores públicos del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con presencia tanto en el nivel central como en territorios afectados por altos niveles de crimen organizado. El objetivo del evento es dialogar acerca de formas de lograr cohesión entre diferentes autoridades y niveles de gobierno en la aplicación de una persecución penal estratégica en contra de organizaciones y redes, dirigida primordialmente a disminuir la violencia y aumentar la legitimidad del Estado.

Evento futuro

Socialización de resultados. Política criminal y crimen organizado.

LJPC invitará a una sesión abierta de presentación y discusión de primeros resultados de su proyecto sobre crimen organizado y política criminal en el territorio.

Apuestas de transformación

Nuestros temas de trabajo son diversos. Todos están relacionados con la manera como los estados controlan el delito y gestionan los conflictos. Especialmente, en entornos con dificultades institucionales agudas, altos niveles de delincuencia, y contextos de carencia socio-económica y desigualdad.

Nuestro equipo

Gina Cabarcas Maciá

Directora general y socia fundadora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Es abogada e historiadora de la Universidad de los Andes en Colombia, con maestría en historia y LLM de la escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Hace parte del roster de expertas en investigación de crímenes internacionales de Justice Rapid Response y es miembro de la Red de Litigio Estratégico en Género de América Latina (Releg). Tiene experiencia de más de quince años en investigación social y criminal de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia. Ha participado en el diseño e implementación de políticas públicas para la innovación en la investigación y análisis criminal de Colombia. Dirigió equipos interdisciplinarios para la investigación de homicidios, desapariciones, amenazas, despojo de tierras en la Fiscalía de Colombia. En 2018 y 2019 estuvo a cargo del diseño e implementación de metodologías para la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda de personas desaparecidas en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, creada a partir de los Acuerdos de Paz en Colombia. En el LJPC coordina el proyecto de apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz y lidera la sistematización y análisis de información en distintos proyectos.

Juanita Durán Vélez

Coordinadora técnica y socia fundadora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Es abogada, especialista en economía con maestría en Derecho. Egresada de la Universidad de EAFIT y la Universidad de los Andes en Colombia y de la University College London. Tiene experiencia de más de 15 años en diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas, revisión y diseño de regulación, litigio para la protección de derechos fundamentales. En el área de política criminal ha trabajado en proyectos académicos y fue Directora y Subdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía de Colombia. En acceso a la justicia ha trabajado en distintos roles incluyendo investigación académica, consultoría, proyección de decisiones judiciales en la Corte Constitucional y fue Directora de Procesos, Gerente de Defensa y Vicepresidente Jurídica de Colpensiones. En el LJPC coordina varios proyectos, entre otros: el análisis institucional de la Paz Total, la intervención a la atención del trauma severo como alternativa para la reducción de la letalidad de la violencia homicida y es investigadora principal del proyecto de apoyo a la JEP, entre otros.

Miguel Emilio La Rota

Abogado y economista. Fue director de la Dirección de Estrategia y Políticas de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, y responsable del área de sistema judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) en Bogotá. También trabajó en la Corte Constitucional de Colombia y en el Justice Initiative de Open Society Foundations en Nueva York. Ha escrito tres libros sobre acceso a la justicia y política criminal en Colombia, y númerosos ensayos de política sobre los mismos temas. Tiene una maestría en política pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, y otra en criminología y política criminal de la Universidad de Oxford.

Sebastián Lalinde Ordóñez

Abogado de la Universidad EAFIT, magíster en Sociología del London School of Economics and Political Science y magíster en Derecho Público y especialista en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Fue investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y trabajó en la Corte Constitucional. Sus temas de investigación son acceso a la justicia, independencia judicial, política criminal, protesta social, derecho de policía y sociología de la policía, asuntos sobre los cuales ha sido autor y coautor de libros y artículos.

Juana Dávila Sáenz

Antropóloga y jurista colombiana, con pregrado en derecho de la Universidad de los Andes, maestría en ciencias jurídicas de la Universidad de Stanford y doctorado en Antropología de la Universidad de Harvard. Fue investigadora del Grupo de Memoria Histórica, la Procuraduría General de la Nación, la Fundación Gaia Amazonas, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Harvard y de Dejusticia, donde se desempeñó como Directora de Investigaciones sobre Justicia Transicional. Ha sido consultora, analista y coordinadora del Grupo de Análisis de Contexto de la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia; funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; y asesora de la Comisión de la Verdad. Ha sido profesora de la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Santiago de Cali, entre otras. También hace parte del roster de expertos en investigaciones criminales internacionales de Justice Rapid Response. Sus temas de investigación son la antropología política y jurídica de la guerra y la paz; los conflictos armados y agrarios del Sur Global; el despojo, la administración y la restitución de tierras; y las aproximaciones críticas a la justicia transicional, el crimen y los derechos de propiedad sobre la tierra y la naturaleza. 

Alejandro Peláez

Abogado de la Universidad de los Andes, con maestrías en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en temas relacionados con la justicia, el crimen y la construcción del estado; concretamente en el diseño de reformas judiciales, la estructuración de políticas públicas en el sector de la delincuencia y la justicia, y la implementación de programas específicos para la prevención de la reincidencia en jóvenes infractores. Entre los programas específicos que ha liderado figuran el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil que hoy es una referencia obligatoria en Colombia y América del Sur; la adaptación al contexto colombiano del programa de prevención de violencia Chicago BAM que en Bogotá se llama Cuenta hasta 10 y la consolidación de la Cárcel Distrital como la única certificada por la Asociación de Prisiones Americanas por su gestión y sus programas de resocialización.

Andrés Felipe Ruiz

Historiador, periodista y magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario (Bogotá). Se ha desempeñado como asistente de investigación en proyectos académicos en la Universidad del Rosario –Carreteras Rebeldes e Iniciativa de Estudios Colombianos-, como pasante del Área de Regionalización en Dejusticia y como asistente de investigación en el Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Tiene un interés particular por los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y su intersección con el conflicto armado en Colombia, el diálogo entre la historia y otras disciplinas como el derecho y la geografía, y los estudios socio-espaciales.

Esteban Londoño Muñoz

Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster en Historia de la misma Universidad. Fue investigador del Grupo de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde trabajó en la implementación de órdenes judiciales y medidas administrativas de reparación para víctimas del conflicto armado. Fue analista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como parte del equipo del Objetivo de la No Repetición y el equipo que desarrolló las recomendaciones del informe final. Se ha desempeñado como asistente de investigación en la Universidad de los Andes en proyectos relativos a la historia del derecho y derecho constitucional colombiano.

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