Nosotros
Sobre el
laboratorio
Somos una fundación para pensar en soluciones prácticas, interdisciplinarias, y basadas en evidencia, a los problemas de manejo del crimen y gestión de los conflictos sociales. Tenemos una agenda de cambio a largo plazo, pero nos enfocamos en respuestas específicas para el presente.
Agenda de cambio
Superación de bloqueos para una política criminal efectiva y humana, con enfoque de género y sin discriminación.
Soluciones para mejorar la persecución penal de crímenes graves y que afectan a grupos de especial protección, para ampliar el repertorio de herramientas para manejar el crimen y para disminuir el punitivismo innecesario, ineficiente e ineficaz.
Apertura, flexibilización y modernización de la justicia formal.
Alternativas para hacer más estratégica y técnica la gestión de los casos del sistema judicial, aprovechar las tecnologías de manejo y análisis de la información, dignificar el servicio de la Rama Judicial a los ciudadanos, y mejorar las herramientas de solución informal de conflictos.
Persecución penal estratégica y con lógica territorial del crimen organizado.
Opciones de política pública para una gestión más inteligente del crimen organizado, para disminuir la violencia, para aumentar la legitimidad del Estado en el territorio, para perseguir sistemáticamente las finanzas criminales y para identificar las redes ilegales invisibles.
Eventos
Video-conferencia
23 de marzo de 2021
Taller sobre política criminal y crimen organizado.
El equipo del laboratorio invitó a varios expertos para presentar unos primeros documentos sobre los problemas de la política criminal contra el crimen organizado en Colombia. Asisitieron expertos del Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y la sociedad civil, que realizaron una retroalimentación constructiva sobre nuestras ideas y cómo ponerlas en práctica.
Evento futuro
Taller con expertos institucionales en lucha contra el crimen organizado.
LJPC convocará a un taller con distintos servidores públicos del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con presencia tanto en el nivel central como en territorios afectados por altos niveles de crimen organizado. El objetivo del evento es dialogar acerca de formas de lograr cohesión entre diferentes autoridades y niveles de gobierno en la aplicación de una persecución penal estratégica en contra de organizaciones y redes, dirigida primordialmente a disminuir la violencia y aumentar la legitimidad del Estado.
Evento futuro
Socialización de resultados. Política criminal y crimen organizado.
LJPC invitará a una sesión abierta de presentación y discusión de primeros resultados de su proyecto sobre crimen organizado y política criminal en el territorio.
Apuestas de transformación
Nuestros temas de trabajo son diversos. Todos están relacionados con la manera como los estados controlan el delito y gestionan los conflictos. Especialmente, en entornos con dificultades institucionales agudas, altos niveles de delincuencia, y contextos de carencia socio-económica y desigualdad.
Esfuerzos para prevenir el crimen o reaccionar a él
Esfuerzos para ser más eficaces y humanos frente al crimen. Opciones de política criminal para disminuir el homicidio, la violencia basada en género y otros patrones de violencia que afectan gravemente a la población civil. Alternativas para mejorar en la investigación y judicialización de estos delitos. Ideas para ser más racionales y austeros en la utilización del sistema penal como mecanismo de gestión de la delincuencia. Y maneras en que pueden organizarse las autoridades de persecución penal para ser más estratégicas, eficaces, eficientes y coordinadas.
Herramientas formales e informales de resolución de conflictos
Herramientas formales e informales para gestionar los conflictos sociales. Mejoras en la gerencia y la operación de la Rama Judicial, e ideas para ampliar y poner a funcionar mejor los mecanismos alternativos de solución de controversias. Participación en los debates sobre reforma judicial y en las maneras como el Estado puede prever y responder a las necesidades jurídicas de la población.
Políticas de lucha contra el crimen organizado
Análisis de la respuesta estatal al crimen organizado en los territorios, reflexión sobre los indicadores de éxito utilizados por el Estado y alternativas para aumentar la protección de la población civil y mejorar la gobernanza estatal. Opciones de priorización para aumentar el impacto de la persecución penal en territorios de alta presencia de organizaciones criminales. Ideas para repensar la estrategia estatal, más allá de la inercia de la contrainsurgencia o la guerra contra las drogas.
Justicia sobre crímenes cometidos en el conflicto e investigación de graves violaciones de derechos humanos
Evaluaciones del cumplimiento del acuerdo de paz. Opciones de política de persecución penal para crímenes en contra de líderes sociales y excombatientes. Soluciones para mejorar el análisis y la investigación de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Ideas para una mejor estrategia y gerencia de las autoridades de justicia transicional.
Formas desiguales en que distintos grupos son victimizados o reciben los servicios de justicia
Proyectos para visibilizar la violencia basada en género, mejorar su investigación y judicialización, y superar los sesgos del aparato judicial. Acompañamiento en el diseño de estándares de investigación de la violencia sexual y de los requerimientos institucionales necesarios para su aplicación en la práctica de la persecución penal colombiana.
Nuestro equipo

Juanita Durán Vélez
Abogada, especialista en economía, con maestria en derecho. Egresada de la Universidad Eafit, Universidad de los Andes y University College of London. Tiene experiencia de más de 15 años en diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas, revisión y diseño de regulación, litigio para la protección de derechos fundamentales y diseño e implementación de planes estratégicos y de gestión y reducción de litigio. En el área de política criminal ha trabajado en proyectos académicos y fue Directora y Subdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación. En acceso a la Justicia ha trabajado en diferentes roles incluyendo investigación académica, consultoría, proyección de decisiones judiciales (en la Corte Constitucional) y gerencia de litigio (como Directora de Procesos, Gerente de Defensa y Vicepresidente Jurídica de Colpensiones).

Gina Cabarcas Maciá
Abogada e historiadora, con maestría en ambas disciplinas. Egresada de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Yale, con experiencia de más de doce años en investigación social y criminal de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia. Hace parte del roster de expertos en investigación de crímenes internacionales de Justice Rapid Response y de la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género – ReLeG. Ha participado en el diseño e implementación de políticas públicas para la innovación en la investigación y análisis criminal de Colombia. Las políticas diseñadas las ha presentado en otros países de América Latina (Uruguay, Honduras, El Salvador y México), así como en el Reino Unido. Además, ha dirigido equipos interdisciplinarios de investigadores y analistas y resuelto investigaciones de homicidios, amenazas, despojo de tierras. En 2018 y 2019 estuvo a cargo del diseño e implementación de metodologías para la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda de personas desaparecidas en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas creada a partir de los Acuerdos de Paz en Colombia.

Miguel Emilio La Rota
Abogado y economista. Fue director de la Dirección de Estrategia y Políticas de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, y responsable del área de sistema judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) en Bogotá. También trabajó en la Corte Constitucional de Colombia y en el Justice Initiative de Open Society Foundations en Nueva York. Ha escrito tres libros sobre acceso a la justicia y política criminal en Colombia, y númerosos ensayos de política sobre los mismos temas. Tiene una maestría en política pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, y otra en criminología y política criminal de la Universidad de Oxford.

Sebastián Lalinde Ordóñez
Abogado de la Universidad EAFIT, magíster en Sociología del London School of Economics and Political Science y magíster en Derecho Público y especialista en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Fue investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y trabajó en la Corte Constitucional. Sus temas de investigación son acceso a la justicia, independencia judicial, política criminal, protesta social, derecho de policía y sociología de la policía, asuntos sobre los cuales ha sido autor y coautor de libros y artículos.

Juana Dávila Sáenz
Antropóloga y jurista colombiana, con pregrado en derecho de la Universidad de los Andes, maestría en ciencias jurídicas de la Universidad de Stanford y doctorado en Antropología de la Universidad de Harvard. Fue investigadora del Grupo de Memoria Histórica, la Procuraduría General de la Nación, la Fundación Gaia Amazonas, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Harvard y de Dejusticia, donde se desempeñó como Directora de Investigaciones sobre Justicia Transicional. Ha sido consultora, analista y coordinadora del Grupo de Análisis de Contexto de la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia; funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; y asesora de la Comisión de la Verdad. Ha sido profesora de la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Santiago de Cali, entre otras. También hace parte del roster de expertos en investigaciones criminales internacionales de Justice Rapid Response. Sus temas de investigación son la antropología política y jurídica de la guerra y la paz; los conflictos armados y agrarios del Sur Global; el despojo, la administración y la restitución de tierras; y las aproximaciones críticas a la justicia transicional, el crimen y los derechos de propiedad sobre la tierra y la naturaleza.

Andrés Felipe Ruiz
Historiador, periodista y magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario (Bogotá). Se ha desempeñado como asistente de investigación en proyectos académicos en la Universidad del Rosario –Carreteras Rebeldes e Iniciativa de Estudios Colombianos-, como pasante del Área de Regionalización en Dejusticia y como asistente de investigación en el Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Tiene un interés particular por los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y su intersección con el conflicto armado en Colombia, el diálogo entre la historia y otras disciplinas como el derecho y la geografía, y los estudios socio-espaciales.

Esteban Londoño Muñoz
Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster en Historia de la misma Universidad. Fue investigador del Grupo de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde trabajó en la implementación de órdenes judiciales y medidas administrativas de reparación para víctimas del conflicto armado. Fue analista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como parte del equipo del Objetivo de la No Repetición y el equipo que desarrolló las recomendaciones del informe final. Se ha desempeñado como asistente de investigación en la Universidad de los Andes en proyectos relativos a la historia del derecho y derecho constitucional colombiano.

Alejandro Peláez
Abogado de la Universidad de los Andes, con maestrías en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en temas relacionados con la justicia, el crimen y la construcción del estado; concretamente en el diseño de reformas judiciales, la estructuración de políticas públicas en el sector de la delincuencia y la justicia, y la implementación de programas específicos para la prevención de la reincidencia en jóvenes infractores. Entre los programas específicos que ha liderado figuran el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil que hoy es una referencia obligatoria en Colombia y América del Sur; la adaptación al contexto colombiano del programa de prevención de violencia Chicago BAM que en Bogotá se llama Cuenta hasta 10 y la consolidación de la Cárcel Distrital como la única certificada por la Asociación de Prisiones Americanas por su gestión y sus programas de resocialización.