Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo

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Este informe estudia los impactos de las economías ilegales, en especial de la minería ilegal, en los territorios y en la población de 20 municipios, y propone la creación de una política pública integral que ataque la financiación de grupos armados desde la regulación de los procesos y el mercado minero. El informe reconoce que las FARC-EP ocupan una posición dominante en la economía ilegal, marcada por el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Entre estas, la minería ilegal constituye la forma de financiación más atractiva para los grupos armados debido a su alta demanda y rentabilidad. Con la firma del Acuerdo Especial para la Paz, el retiro de las FARC de sus zonas de influencia supuso la creación de vacíos de poder que incentivan la entrada de otros grupos armados o estructuras criminales, cuya finalidad principal es controlar la actividad minera. De esta manera pueden expandir su control territorial, perpetuando las dinámicas de violencia y victimización que existían antes de la firma del Acuerdo.

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