Nuestros co-fundadores e investigadores Gina Cabarcas, Juanita Durán y Miguel La Rota junto a otros 17 expertos en temas de seguridad y gobernabilidad desarrollaron un análisis con la FIP sobre los retos para recuperar la protección de los ciudadanos como el principal objetivo de las políticas de seguridad.

Por invitación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como peritos expertos, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal realizó un peritaje en el caso de Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay. Desarrollamos una propuesta de contenido de la obligación de debida diligencia que tienen los Estados de investigar y judicializar graves violaciones de derechos humanos.

Una dificultad inicial para muchos operadores de justicia, seguridad e investigación criminal es materializar en sus prácticas cotidianas un concepto abstracto como el enfoque de género. Una dificultad aún más profunda, es que el enfoque de género requiere de una especial sensibilidad en las relaciones y las prácticas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, y de un conjunto de habilidades para superarlas. En este documento una de nuestras socias fundadoras plantea retos y dificultades relacionadas con la implementación del enfoque de género en la política criminal y de seguridad ciudadana en Colombia, en el marco de la iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz "Aún no es tarde en materia de seguridad".

El presente documento argumenta que es necesario reversar un ciclo de deterioro existente en varios territorios con alta presencia de crimen organizado, compuesto por equilibrios de violencia exacerbada, acciones gubernamentales que reducen la poca legitimidad del Esta- do, un impacto marginal sobre las economías criminales y una baja prevención de los daños producidos por el crimen organizado.

Este libro forma parte de una serie de análisis realizados por el Laboratorio de Justicia y Política Criminal dentro del proyecto de lucha estratégica y desde el territorio contra el crimen organizado, financiado por la Embajada de Reino Unido en Colombia. La serie ofrece alternativas de política aplicables desde las diferentes características locales para disminuir los daños producidos por el crimen organizado en nuestro país.

Este estudio de las organizaciones de la sociedad civil Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (LJPC) y el World Wildlife Fund (WWF) Colombia se logró gracias al apoyo del Programa Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental, Pilar II de TEFOS (Territorio Forestales Sostenibles) apoyado por la Embajada Británica en Colombia e implementado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. En este documento formulamos una serie de lineamientos y recomendaciones para la construcción de una política criminal ambiental a partir del estudio simultáneo de: (1) los fenómenos criminales asociados a la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de fauna en el país, con especial atención en el piedemonte amazónico, y (2) la respuesta institucional que, de manera predominante, se le ha dado a estos fenómenos en tiempos recientes.

Este documento busca fortalecer la implementación judicial de alternativas al encarcelamiento juvenil, orientando a operadores judiciales y otras instituciones clave hacia un enfoque restaurativo, pedagógico y protector de derechos, alineado con los estándares internacionales y nacionales. Durante el proyecto, analizamos buenas prácticas, identificamos barreras y generamos recomendaciones basadas en evidencia, todo con el objetivo de reducir la reincidencia y promover la resocialización efectiva de los adolescentes.

Durante los últimos diez años, la Comisión de Seguimiento a la vida en Prisión (en adelante Comisión de Seguimiento o Comisión) ha trabajado de manera constante y decidida en el monitoreo, visibilización de problemáticas y barreras que alimentan la crisis en el sistema carcelario y penitenciario para garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad al mismo tiempo que propone soluciones y recomendaciones puntuales para superarlo. A lo largo de este tiempo, se han llevado a cabo evaluaciones periódicas que han permitido medir avances, identificar errores, reconocer cambios en el contexto, afrontar nuevas amenazas y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que se presentan. Los cambios de gobierno, la rotación de funcionarios, las denuncias emergentes, las nuevas sentencias de la Corte Constitucional y la incorporación de nuevas organizaciones han ampliado las perspectivas y capacidades de la Comisión, impulsando a replantear continuamente el enfoque de sus esfuerzos. En este décimo segundo informe, se presentan los caminos que se han recorrido en esta década de trabajo, también se analizan los últimos informes presentados por el Gobierno Nacional ante la Corte Constitucional y se expone la perspectiva de la Comisión sobre el replanteamiento de la estrategia de seguimiento establecido en el Auto 1746 de 2024. Posteriormente, se desarrollan cinco capítulos temáticos en los que se aborda el derecho a la resocialización, la infraestructura como presupuesto necesario para garantizar la dignidad humana, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el acceso a la justicia y a la administración pública. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

Este documento describe las necesidades de focalización de la investigación y judicialización penal, y sus implicaciones en términos concretos para la Fiscalía y la Policía Judicial, entre otras entidades. Como parte de dicha focalización, propone la manera de llevar a cabo los esfuerzos de asignación de recursos en la persecución penal del homicidio, no sólo como un delito individual priorizado, sino como parte de patrones más amplios de violencia. La investigación y judicialización penal juegan un papel central en los esfuerzos de prevención del crimen, pero este papel solo es efectivo y consistente con los valores constitucionales si se limita y focaliza intensamente, y si se dirigen estratégicamente los esfuerzos de represión del delito. Por esta razón, es necesario ampliar, fortalecer e institucionalizar de manera robusta la priorización de la persecución penal. Además, si queremos ser coherentes, es necesario reconocer que la selección de los casos a investigar y judicializar, y de los que no pasarán por este proceso, es inevitable, y por ende debe ser regulada de forma transparente y democrática. Este documento sintetiza algunas de las conclusiones que el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (www.labjpc.org) ha construido en varios documentos de análisis de la política criminal en contra de delitos de alto impacto en el ámbito local