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El 21 de febrero de 2025 desde el Laboratorio de Justicia y Política Criminal organizamos la I Cumbre de Secretarías de seguridad, con el objetivo de reflexionar sobre los contenidos de la agenda local de seguridad y el alcance de la figura de las secretarías de seguridad, cada vez más expandida en el país. Este evento lo realizamos con el apoyo de la Embajada Británica y aliados estratégicos como la FIP, Universidad de los Andes, EAFIT, Rutgers University y GI TOC. Participaron secretarios de distintas regiones del país, como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Si bien fue una jornada muy rica en conversaciones y discusiones, estas fueron las cuatro propuestas principales analizadas. Justicia local como estrategia de seguridad. Una primera reflexión giró en torno a cómo los mecanismos locales de justicia pueden mejorar la seguridad y reducir la gobernanza del crimen organizado. Se resaltó que las estrategias deben adaptarse a las realidades de cada territorio, ya que las dinámicas en las grandes ciudades son muy distintas a las de las zonas rurales o con presencia de grupos armados. También se discutió la brecha en los recursos asignados a seguridad y justicia, destacando que, aunque las intervenciones en justicia son más económicas, reciben menos apoyo. Caracterización del crimen organizado y diseño de políticas. Una segunda reflexión exploró cómo podría hacerse una mejor caracterización del crimen organizado mediante fuentes de información alternativas. Esto permitiría crear políticas más efectivas, basadas en datos y ajustadas a las realidades locales. También permitiría ampliar el repertorio de estrategias para enfrentar el crimen organizado, más allá de la represión y la persecución penal. Se destacaron estrategias innovadoras que buscan debilitar los mercados ilegales, priorizando su disrupción sobre la persecución penal. No obstante, se advirtió que las secretarías enfrentan limitaciones por el acceso restringido a datos precisos. Diálogo político como herramienta contra el crimen organizado. Una tercera idea discutida fue la del diálogo político como un enfoque viable para enfrentar el crimen organizado. Se discutieron los efectos de una política nacional de paz en varios municipios. Aunque se evidenciaron reducciones en los índices de homicidios, se discutió sobre la fragilidad que pueden tener estos avances en el corto plazo si no se acompañan de soluciones más estructurales. Además, se mencionó la falta de herramientas e información a nivel local como un obstáculo para potenciar estos avances. Delitos ambientales en la agenda de seguridad. Finalmente, conversamos sobre la importancia de incorporar los delitos ambientales en las agendas de seguridad locales. Actualmente, estos temas suelen dejarse a las secretarías de ambiente, aunque tienen un impacto directo en la seguridad general. Además, se expresaron preocupaciones por la excesiva producción normativa, que complica la gestión ambiental, y cómo este enfoque termina marginando a comunidades indígenas y campesinas con vocación de conservación.

Junto a organizaciones de la sociedad civil aliadas firmamos este comunicado en el que hacemos un llamado por una reforma a la justicia integral, que garantice acceso equitativo, inclusión de género y diversidad, humanización del sistema penal y autonomía judicial.