Después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, se priorizaron 170 municipios por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. En 2020, dos de los socios fundadores del Laboratorio junto con Panagora diagnosticaron el estado de acceso a la justicia en estos municipios. Calcularon 24 indicadores con 1654 variables, de acuerdo con los cuales se logró establecer una línea de base con base en la cual se apoyen acciones que permitan el acceso a la justicia en estos territorios.