Nuestros co-fundadores e investigadores Gina Cabarcas, Juanita Durán y Miguel La Rota junto a otros 17 expertos en temas de seguridad y gobernabilidad desarrollaron un análisis con la FIP sobre los retos para recuperar la protección de los ciudadanos como el principal objetivo de las políticas de seguridad.

Por invitación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como peritos expertos, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal realizó un peritaje en el caso de Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay. Desarrollamos una propuesta de contenido de la obligación de debida diligencia que tienen los Estados de investigar y judicializar graves violaciones de derechos humanos.

Una dificultad inicial para muchos operadores de justicia, seguridad e investigación criminal es materializar en sus prácticas cotidianas un concepto abstracto como el enfoque de género. Una dificultad aún más profunda, es que el enfoque de género requiere de una especial sensibilidad en las relaciones y las prácticas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, y de un conjunto de habilidades para superarlas. En este documento una de nuestras socias fundadoras plantea retos y dificultades relacionadas con la implementación del enfoque de género en la política criminal y de seguridad ciudadana en Colombia, en el marco de la iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz "Aún no es tarde en materia de seguridad".

El presente documento argumenta que es necesario reversar un ciclo de deterioro existente en varios territorios con alta presencia de crimen organizado, compuesto por equilibrios de violencia exacerbada, acciones gubernamentales que reducen la poca legitimidad del Esta- do, un impacto marginal sobre las economías criminales y una baja prevención de los daños producidos por el crimen organizado.

Este libro forma parte de una serie de análisis realizados por el Laboratorio de Justicia y Política Criminal dentro del proyecto de lucha estratégica y desde el territorio contra el crimen organizado, financiado por la Embajada de Reino Unido en Colombia. La serie ofrece alternativas de política aplicables desde las diferentes características locales para disminuir los daños producidos por el crimen organizado en nuestro país.

Este estudio de las organizaciones de la sociedad civil Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (LJPC) y el World Wildlife Fund (WWF) Colombia se logró gracias al apoyo del Programa Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental, Pilar II de TEFOS (Territorio Forestales Sostenibles) apoyado por la Embajada Británica en Colombia e implementado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. En este documento formulamos una serie de lineamientos y recomendaciones para la construcción de una política criminal ambiental a partir del estudio simultáneo de: (1) los fenómenos criminales asociados a la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de fauna en el país, con especial atención en el piedemonte amazónico, y (2) la respuesta institucional que, de manera predominante, se le ha dado a estos fenómenos en tiempos recientes.