Un laboratorio para
la política criminal y el acceso a la justicia

En 2003 Colombia ratificó la Convención de Palermo, adquiriendo el compromiso de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, la legislación penaliza las organizaciones criminales a través del tipo penal de concierto para delinquir. Este delito ha sido originalmente concebido para perseguir otro tipo de criminalidad, como el terrorismo y narcotráfico, ignorando elementos constitutivos del concepto de organización (pluralidad y autoría, permanencia en el tiempo, entre otros). En ese entendido, los autores cuestionan si en Colombia realmente existe una tipificación objetiva de delincuencia organizada que cumpla con los parámetros internacionales y cuáles son los elementos necesarios para crear un concepto comprensivo de este fenómeno.

Este documento presenta un estudio sobre las tendencias de la tasa de absolución entre 2008 y 2015. En primer lugar, el análisis se centra en las tendencias generales de la tasa de absolución, la cual sufrió un aumento considerable durante este período, junto con un aumento en la proporción de sentencias absolutorias y una disminución de las sentencias por aceptación de cargos. Los autores explican que este comportamiento se puede atribuir a la creación de un círculo vicioso en el que la menor probabilidad de condena en juicio conlleva a que haya menos incentivos para aceptar cargos y mayor carga para el sistema, y así sucesivamente. Posteriormente, los autores estudian las tendencias para los casos particulares de los delitos de armas y estupefacientes, hurtos, violencia sexual y homicidio doloso, pues son precisamente estos delitos los que determinaron que hubiera un cambio en la tasa de absoluciones.

En este documento se analiza la tasa de absolución en colombia entre 2009 y 2019. Analiza las variaciones en algunos delitos críticos y los factores que inciden en la probabilidad de absolución.

El retiro unilateral de la acusación por parte de la Fiscalía General es recurrente en la práctica, pero no constituye formalmente una actuación procesal. Si bien la Corte Suprema de Justicia ha establecido criterios de procedencia para el retiro de la acusación, la Corte Constitucional sostiene una posición contraria. En razón de la inseguridad jurídica que genera esta contraposición de posturas, los autores plantean analizar el retiro de la acusación a la luz de las normas y principios constitucionales con el fin de determinar si es admisible dentro del ordenamiento procesal penal colombiano.

Cuando la política criminal se centra en la prevención, es menos necesaria la intervención del derecho penal. Mariela Vargas explica que en Colombia sucede lo contrario: la política criminal se centra en reaccionar a situaciones coyunturales a través del aumento de penas, la creación de tipos penales y la disminución de subrogados penales que, en consecuencia, no resuelven los problemas de fondo asociados a la criminalidad e impunidad. En este escrito, la autora realiza un análisis conceptual de la política criminal, seguido de un recorrido histórico de la técnica legislativa en materia penal en Colombia.

"Entre 1991 y 2018 el número de mujeres privadas de la libertad aumentó significativamente con respecto al número de hombres en esa misma condición. Para los autores esto se debe a que política criminal afecta a hombres y mujeres de manera diferenciada, de ahí que resulte necesario analizar las prisiones y la política criminal desde una perspectiva de género. Este estudio describe el perfil criminológico, sociológico y socioeconómico de la población femenina privada de la libertad, identifica sus necesidades específicas y expectativas de resocialización, y, posteriormente, propone una fundamentación empírica para reformar la política criminal en favor de las mujeres, desde una perspectiva de género y de justicia restaurativa. "

Las pandillas juveniles han sido descritas por instituciones y medios de comunicación como simples asociaciones criminales responsables de la violencia e inseguridad, lo cual ha dificultado su estudio e intervención. Este informe se aparta de este enfoque y pretende dimensionar el fenómeno de las pandillas juveniles desde una perspectiva socio antropológica, es decir, entendiéndolas como una unidad de análisis que constituye una expresión, y no la causa, de otras problemáticas sociales. Para cuantificar y describir su impacto en la violencia urbana, se tomaron las tasas de homicidios de 7 ciudades con presencia significativa de pandillas. En cuanto a la magnitud del problema, los autores concluyen que los datos disponibles son limitados, pero estiman que menos del 1% de la población entre los 6 y 26 años estaría vinculada a una pandilla. Paralelamente, encuentran que la relación entre la existencia de pandillas juveniles y la violencia homicida es relativa y no es el único factor que explica los altos niveles de violencia. Por último, analizan las políticas públicas de juventud teniendo los criterios desarrollados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el fin de crear estrategias que permitan al Estado enfrentar la problemática.

El concurrido sistema carcelario colombiano, marcado por el hacinamiento, constituye un escenario de vulneración de derechos fundamentales. El enfoque de la política criminal ignora la realidad social en la que se encuentra inmersa, ya que se centra en castigar aquellas conductas típicas de contextos marginales como el expendio de drogas y los delitos contra la propiedad. En consecuencia, los intentos por reducir la delincuencia resultan insuficientes y están lejos de lograr algún tipo de resocialización. Este artículo analiza un conjunto de indicadores sobre la población y el sistema carcelario, así como diversas fuentes de información secundarias, con la finalidad de identificar los factores que perpetúan el hacinamiento y proponer alternativas al enfoque actual de la política criminal.

Este informe de 7 capítulos estudia las diferentes formas en las que el narcotráfico afecta el control territorial y la legitimidad estatal. Especificamente estudia la relación entre el narcotráfico y la minería ilegal y el papel que han jugado en la financiación del terrorismo nacional e internacional. Por esta razón, los autores analizan esta problemática como un fenómeno complejo, porque más allá de afectar el control estatal, se trata de una actividad delictual cuyo impacto trasciende a la comunidad internacional, poniendo de presente la necesidad de fortalecer la institucionalidad.

En el debate público se ha discutido qué son las disidencias, quiénes las conforman y cuáles son sus principales motivaciones, además del riesgo que representan para la implemetación del Acuerdo de Paz y para la seguridad en algunos territorios. En general, no existe consenso sobre estos interrogantes, pero para muchos la principal motivación es de carácter económico. Los autores de este libro parten de la premisa de que, si bien el surgimiento de las disidencias puede explicarse por factores económicos, hay otros de carácter político y organizacional que deben ser tenidos en cuenta. A partir de piezas periodísticas y trabajo de campo, los autores crean un perfil operacional y estructural de disidencias localizadas en dos macro-regiones (Oriente-sur y Occidente), e identifican factores internos y externos como la historia, el perfil de sus integrantes y el contexto en el que se dan las disidencias, para entender mejor su surgimiento.

Este informe estudia los impactos de las economías ilegales, en especial de la minería ilegal, en los territorios y en la población de 20 municipios, y propone la creación de una política pública integral que ataque la financiación de grupos armados desde la regulación de los procesos y el mercado minero. El informe reconoce que las FARC-EP ocupan una posición dominante en la economía ilegal, marcada por el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Entre estas, la minería ilegal constituye la forma de financiación más atractiva para los grupos armados debido a su alta demanda y rentabilidad. Con la firma del Acuerdo Especial para la Paz, el retiro de las FARC de sus zonas de influencia supuso la creación de vacíos de poder que incentivan la entrada de otros grupos armados o estructuras criminales, cuya finalidad principal es controlar la actividad minera. De esta manera pueden expandir su control territorial, perpetuando las dinámicas de violencia y victimización que existían antes de la firma del Acuerdo.

Entre 1980 y 2014 la legislación penal se ha caracterizado por asimilar el conflicto armado y el narcotráfico con el crimen organizado. La ley colombiana penaliza estas tres modalidades bajo el delito de concierto para delinquir, imposibilitando la persecución de la delincuencia común organizada. El autor realiza un recorrido histórico del tratamiento que se le ha dado al crimen organizado y las problemáticas que supone que la ley penal no cuente con una definición clara de este. Por último, hace especial énfasis en la necesidad de establecer una política criminal que identifique con claridad al sujeto activo, los delitos y las estrategias para desmantelar redes criminales.

Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en implementar un mecanismo jurídico orientado exclusivamente a la persecución de bienes relacionados directa o indirectamente con el delito. La extinción de dominio es una acción que tiene sustento en la Constitución Política y que constituye una limitación al derecho de propiedad, la cual puede ser ejercida sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro publico o con grave deterioro de la moral social. Ahora bien, con motivo de la promulgación de la Ley 1708 de 2014, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito elaboró el presente manual, que brinda al lector una perspectiva general pero exhaustiva de las nuevas disposiciones del Código de Extinción de Dominio.

En este artículo los autores se preguntan: ¿cuál es el enfoque actual de la política criminal colombiana y qué tan efectivo es este enfoque para prevenir la criminalidad? Mediante un análisis cuantitativo descriptivo de datos de los últimos 10 años, los autores estudian el desempeño de los componentes y procesos del sistema de política criminal en la resocialización y prevención del crimen, partiendo de la siguiente hipótesis: el enfoque reactivo y punitivo de la política criminal deriva en el aumento de la criminalidad, prisionalización e impunidad. Este estudio concluye que el enfoque reactivo genera una sobrecarga en los diferentes actores del sistema: la policía y la fiscalía no tienen la capacidad institucional para capturar y judicializar todas las conductas punibles, lo que genera un aumento en la impunidad. Por su parte, el sistema carcelario se encuentra desfasado, lo que disminuye su efectividad en los procesos de resocialización.

El crimen es un fenómeno complejo y multifactorial, cuya oferta está condicionada por circunstancias sociales, económicas, institucionales y geográficas. Los autores consideran que en Colombia esta premisa es especialmente cierta, y que el estudio de la oferta criminal no puede escindirse del contexto espacial, sobre todo en aquellos lugares donde la presencia del Estado es débil y la desigualdad evidente. La finalidad de este estudio es la identificación de variables que deban ser tenidas en cuenta en futuras investigaciones para entender las causas, los costos y los factores de disuasión del crimen. Para ello, a partir de la estadística descriptiva y la georreferenciación, realiza una caracterización de la oferta de delitos de especial interés como homicidio, hurto y delitos sexuales desde la perspectiva clásica de la economía del crimen. Los autores concluyen que el crimen en Colombia es heterogéneo y su comportamiento depende de las características del territorio.

Este artículo estudia el comportamiento del gobierno criminal, sus características y motivaciones. La hipótesis que prueba es de alguna manera contra intruitiva: el aumento de la presencia del estado no deviene en una limitación del gobierno criminal sino en una reacción estratégica para mantenerse y expandirse. Esta hipótesis es probada en dos escenarios. El primero es un experimento aleatorio a gran escala para evaluar cómo los grupos criminales responden al aumento de la presencia estatal durante dos años. El segundo es una intervención cuasi-experimental para evaluar la respuesta del gobierno criminal a un aumento en la oferta de servicios estatales durante tres décadas.

Este libro analiza el estado de cumplimiento del Acuerdo de Paz y la evolución de la violencia en Colombia después de su suscripción. El autor concluye que en el estado de cosas actual, en el que ha habido un incumplimiento significativo de aspectos estructurales del Acuerdo, sobre todo del lado del Estado, existe un riesgo alto de iniciar un nuevo ciclo de violencia en Colombia. En todo caso resalta que existen aún numerosas oportunidades de revertir esta tendencia, las cuales requieren la acción decidida del gobierno nacional para proteger el Acuerdo y contener este posible ciclo de violencia.

Este libro narra la historia del paramilitarismo en Colombia incluyendo el proceso de desmovilización ocurrido durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Muestra cómo la violencia en Colombia se ha alimentado en parte del reciclaje de los mismos grupos en nuevas estructuras, lo que ha afectado la posibilidad de reducir la violencia.

A partir del estudio de un programa de asignación de presos a cárceles en Colombia, este estudio concluye que la asignación a cárceles con menos hacinamiento y mejor oferta de servicios tiene un impacto positivo en la reducción de la reincidencia.

En este informe se aborda la relación entre la disponibilidad de armas y el número de homicidios. El primer acápite examina esta relación a la luz de la doctrina nacional e internacional y de las cifras sobre Colombia. El resultado del análisis de las cifras colombianas es consistente con los hallazgos de la doctrina extranjera, pues ambos encuentran que hay una relación estadística positiva entre disponibilidad de armas y homicidios. En el caso colombiano, esta relación puede verse reforzada por la presencia de organizaciones criminales y narcotráfico. Para finalizar, se proponen estrategias para el diseño de una política criminal que unifique los esfuerzos institucionales en la lucha contra el tráfico de armas.