En este artículo, el Laboratorio describe diez estrategias que han sido implementadas para reducir el abuso policial y presenta la evidencia disponible sobre su efectividad.

El 3 de noviembre de 2021, el Fiscal General designó a Hernando Toro como nuevo director de la Unidad Especial de Investigaciones. Martha Janeth Mancera, actual Vicefiscal, cumplió su período liderando esta Unidad. En este artículo, el LJPC analiza la importancia de esta Unidad, creada a partir del Acuerdo de Paz, reconoce los logros alcanzados y plantea algunos desafíos.

Santiago de Zubiría, con base en el análisis regional que realizó el LJPC en 2021 sobre política criminal contra el crimen organizado, publicó este artículo en El Espectador sobre el derecho a la consulta previa para la erradicación de cultivos ilícitos y su importancia estratégica para una política criminal integral.

Analizamos los planes de gobierno de los cuatro candidatos presidenciales que más suenan en las encuestas.

Escrito por: Kelly Giraldo

Junto a organizaciones de la sociedad civil aliadas firmamos este comunicado en el que hacemos un llamado por una reforma a la justicia integral, que garantice acceso equitativo, inclusión de género y diversidad, humanización del sistema penal y autonomía judicial.

El 21 de febrero de 2025 desde el Laboratorio de Justicia y Política Criminal organizamos la I Cumbre de Secretarías de seguridad, con el objetivo de reflexionar sobre los contenidos de la agenda local de seguridad y el alcance de la figura de las secretarías de seguridad, cada vez más expandida en el país. Este evento lo realizamos con el apoyo de la Embajada Británica y aliados estratégicos como la FIP, Universidad de los Andes, EAFIT, Rutgers University y GI TOC. Participaron secretarios de distintas regiones del país, como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Si bien fue una jornada muy rica en conversaciones y discusiones, estas fueron las cuatro propuestas principales analizadas. Justicia local como estrategia de seguridad. Una primera reflexión giró en torno a cómo los mecanismos locales de justicia pueden mejorar la seguridad y reducir la gobernanza del crimen organizado. Se resaltó que las estrategias deben adaptarse a las realidades de cada territorio, ya que las dinámicas en las grandes ciudades son muy distintas a las de las zonas rurales o con presencia de grupos armados. También se discutió la brecha en los recursos asignados a seguridad y justicia, destacando que, aunque las intervenciones en justicia son más económicas, reciben menos apoyo. Caracterización del crimen organizado y diseño de políticas. Una segunda reflexión exploró cómo podría hacerse una mejor caracterización del crimen organizado mediante fuentes de información alternativas. Esto permitiría crear políticas más efectivas, basadas en datos y ajustadas a las realidades locales. También permitiría ampliar el repertorio de estrategias para enfrentar el crimen organizado, más allá de la represión y la persecución penal. Se destacaron estrategias innovadoras que buscan debilitar los mercados ilegales, priorizando su disrupción sobre la persecución penal. No obstante, se advirtió que las secretarías enfrentan limitaciones por el acceso restringido a datos precisos. Diálogo político como herramienta contra el crimen organizado. Una tercera idea discutida fue la del diálogo político como un enfoque viable para enfrentar el crimen organizado. Se discutieron los efectos de una política nacional de paz en varios municipios. Aunque se evidenciaron reducciones en los índices de homicidios, se discutió sobre la fragilidad que pueden tener estos avances en el corto plazo si no se acompañan de soluciones más estructurales. Además, se mencionó la falta de herramientas e información a nivel local como un obstáculo para potenciar estos avances. Delitos ambientales en la agenda de seguridad. Finalmente, conversamos sobre la importancia de incorporar los delitos ambientales en las agendas de seguridad locales. Actualmente, estos temas suelen dejarse a las secretarías de ambiente, aunque tienen un impacto directo en la seguridad general. Además, se expresaron preocupaciones por la excesiva producción normativa, que complica la gestión ambiental, y cómo este enfoque termina marginando a comunidades indígenas y campesinas con vocación de conservación.

Juanita Durán fue invitada a #TICTankTalks para habalar sobre las aplicaciones de #BigData y analítica de datos en la prevención e investigación del crimen

Gina Cabarcas y Miguel La Rota escribieron en La Silla Vacía sobre los desafíos de la Fiscalía, antes de la posesión de Francisco Barbosa.

Juanita Durán fue invitada al Panel de mujeres y justicia organizado por la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit.

Miguel La Rota y Gina Cabarcas, en La Silla Vacía, analizaron el Decreto de excarcelación de 2020 y propusieron alternativas para resolver el hacinamiento en cárceles, a propósito del riesgo de propagación del COVID-19.

El Espectador, la Universidad de los Andes y el Federich Ebert Stiftung organizaron un Live, en el que participó Juanita Durán, y en el que conversaron sobre las medidas adoptadas hasta el momento para el manejo de la crisis carcelaria en el contexto de la pandemia.

A propósito del Auto sobre secuestro de las FARC-EP de la JEP, Gina Cabarcas analizó su contenido, valoró los avances e identificó algunos de los desafíos de la justicia transicional.

A propósito de la decisión de la JEP en la que le imputa a 8 excomandantes de las FARC-EP crímenes de guerra y de lesa humanidad por toma de rehenes, homicidios y otros delitos, Gina Cabarcas fue invitada al programa Zona Franca para analizar sus elementos principales.

La persecusión de los delitos de estupefacientes ocupa una porción importante de los recursos de la Fiscalía y la Policía, sin embargo los resultados son escasos pues la mayoria de casos termina en absolución. Esta situación indica por lo menos que persisten numerosos retos de priorización en la lucha contra las drigas

En este panel, Gina Cabarcas contribuye a la pregunta sobre cómo investigar la sistematicidad o generalidad de la violencia basada en género ocurrida en el conflicto armado colombiano.

Juanita Durán y Gina Cabarcas publicaron, en el Blog de la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género, su análisis sobre propuestas para mejorar el desempeño de las Fiscalías en la investigación de la violencia sexual y la violencia intrafamiliar.

En el Programa Todos Cuentan de Uninorte FM Estéreo, la emisora de la Universidad del Norte, Sebastián Lalinde presentó diez ideas para reducir el abuso policial.

El Espectador publicó el análisis del Laboratorio de Justicia y Política Criminal sobre la evidencia disponible de acciones que pueden reducir la violencia policial.

El País publicó un artículo sobre la expedición del Decreto 1058 de 2021, el cual reglamenta el cobro del brazalete electrónico a las personas condenadas a prisión domiciliaria. Sebastián Lalinde fue entrevistado para este artículo, en donde se refirió al hecho que la norma es sensible a la capacidad económica de los beneficiarios; a las medidas alternativas a la prisión, como la detención domiciliaria monitoreada por brazaletes, las cuales son útiles para descongestionar las cárceles y, por esta vía, garantizar la dignidad de los presos y disminuir la reincidencia; a los beneficios para familiares vulnerables de los condenados, dado que el uso de brazaletes permite en algunos casos que los condenados trabajen y estudien y que, así, puedan proveer a su hogar; a los menores costos económicos de los brazaletes en comparación con los de la cárcel; y a la necesidad de realizar un monitoreo adecuado de estos dispositivos. El artículo puede ser consultado en: https://www.elpais.com.co/contenido-premium/asi-es-la-reglamentacion-para-los-brazaletes-electronicos-de-los-reclusos-con-casa-por-carcel.html

diciembre 26 de 2021

marzo 27 de 2021